Alejandro Ávila
Una trabajadora de la Jurisdicción Sanitaria VIII, ubicada en la calle Alacio Pérez en Veracruz puerto, denunció haber sido víctima de fraude por parte de Pedro Julián Redondo Díaz, titular de la empresa “Redondo & Asociados”.
Jessica Parada Valdez señaló que como ella, hay al menos otras 20 personas entre las que destacan médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), que se encuentran en la misma situación.
El fraude inició en junio del 2021, según relata la afectada, cuando fue contactada por el mencionado sujeto, presunto trabajador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el cual ayudaban a personal de la Secretaria de Salud de Veracruz a liberar sus talones de pago que tuvieran comprometidos con diversos prestamos en Financieras, ofreciendo negociar la deuda total para una liquidación a un menor monto.
«Como yo no contaba con recurso, él me ofreció solicitar otros préstamos a nuevas casas financieras para que con ese recurso se liquidara el préstamo inicial con el que yo contaba. Él me aseguró que me iban a instalar los préstamos nuevos en poco tiempo, en lo que se realizaba la liquidación total. Para esto me garantizó que todo se realizaría de forma transparente y que al término del contrato tendría mi talón de pago limpio de deudas así como también contaría con carta finiquito para evitar algún problema posterior», se lee en la carta enviada a este comunicador.
La denunciante asegura solo haber firmado dos préstamos, uno en el mes de junio y otro en el mes de octubre, siendo este último el del ISSSTE, donde se dio cuenta que no se seguía el protocolo que realiza el ISSSTE para ser candidato a préstamo, el cual es a través de un sorteo y tramitar ciertos documentos con el patrón, ya después mediante una cita se realiza el proceso de cobro.
«Aquí él realizó todo, me llevó a Xalapa donde acudimos a Prestaciones Sociales y me dijo a qué ventanilla presentarme, en donde por su puesto ya me esperaban para poder acceder a mi préstamo, con el cual se supone liquidaría todo. No hubo sorteo no me pidieron la constancia de modificación salarial que es uno de los requisitos. Simplemente ya listo todo solo fui a firmar y a cobrar mi cheque del préstamo. Estos préstamos los cobre yo y a su vez lo deposite a su cuenta, estipulada en un contrato que firmamos; en donde se comprometía a entregar todo liberado de deudas y con carta finiquito en un plazo de 30 a 90 días máximo. También me indicó que el dinero que siguieran descontando, una vez que él liquidara me sería devuelto».
A todos los involucrados los mantuvo informados mediante un grupo de WhatsApp donde subía los avances del proceso; en ese grupo, todos eran del Hospital Regional de Alta Especialidad, es decir, empleados de SESVER.
En el mes de noviembre del 2021 les mencionó que por pandemia el proceso se había atrasado mucho, pero que para enero del 2022 ya tendrían liberados los talones de pago de estos préstamos y a su vez se les daría la devolución de lo ya liquidado (tan solo de Jessica eran más de 64 mil pesos).
En abril dejó de contestar en el grupo y en mayo les envió fotos donde se veía golpeado, señalando que había sido secuestrado, pues presuntamente le habían pedido el dinero que se había robado de estos trámites; además, comentó que estaba investigando pues sospechaba de los integrantes del grupo.
«Envió unos audios que los tengo en resguardo. En el mes de junio aproximadamente volvió a escribir diciendo que ya se encontraba trabajando y que iba a vender una propiedad para poder pagar todo este lio aunque el después lo recuperara con Gobierno del Estado. Al poco tiempo me informó que ya contaba con el dinero pero que iba a validar los montos que se le adeudaba a cada uno y que después nos diría como lo iba a depositar. Por el mes de julio volvió a escribir un mensaje diciendo que ya se había enterado que estábamos procediendo en su contra y que la gente que él se diera cuenta que lo había demandado debía dirigirse con sus abogados y él ya no les iba a realizar nada».
Jessica Parada señala en su carta que tras este fraude ha quedado más endeudada y con descuentos en su trabajo que apenas le alcanzan para vivir y mantener a su hija. Por la situación acudió la Fiscalía Regional pero le dijeron que no le podían ayudar pues no contaba con una dirección para ubicar el presunto defraudador.
«Es por ello que acudo a ustedes como medio informativo digital para poner mi Denuncia Ciudadana, esperando lograr llegar a él y llegar a un acuerdo, no pretendo más que tratar de resolver mi situación porque hoy en día después de un año cuatro meses, es insostenible para mi económicamente hablando. Así mismo esperando que no siga perjudicando gente que no se dejen timar y que siempre investiguen, no por una necesidad caigan en una desgracia como hoy en día me está pasando. Cuento con los contratos que firme, pero no una dirección donde ubicarlo, tampoco conozco a las personas que también resultaron estafadas en el Hospital solo sé que hay médicos, enfermeras y administrativo en la misma situación. LEP. JESSICA PARADA VALDÉZ».
