Juan David Castilla
Pobladores de Actopan y Alto Lucero lograron la suspensión definitiva de todo el distrito minero, que comprende 24 concesiones ubicadas en dichos municipios de la zona costera central del estado de Veracruz.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dio a conocer lo anterior y recordó que el pasado 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de dichas concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía.
Posteriormente, el 28 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz otorgó la suspensión definitiva a las otras 20 concesiones.
La medida implica que no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero.
Lo anterior, es en respuesta al amparo interpuesto el 25 de agosto del 2022 por habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero, quienes argumentaron que, en el proceso de expedición de los títulos de concesión minera, la autoridad incurrió en la omisión de garantizar sus derechos humanos a la vida digna en su dimensión colectiva, a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
“Es posible advertir que, al margen del interés particular que pudiera existir para el aprovechamiento de la concesión minera, lo cierto es que el derecho a la salud y protección de la vida del que gozan los seres humanos prevalece como derecho preponderante, reconocido en el artículo 4° constitucional y en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, se lee en la resolución judicial.
MEDIO AMBIENTE SANO
En el documento se considera la dimensión colectiva de la protección del derecho a un medio ambiente sano al señalar que ésta resulta indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales de los quejosos y del resto de la población.
“La continuación de operaciones de actividad minera en la zona de Actopan, Veracruz, reclamada podría vulnerar en perjuicio de los peticionarios de amparo, su derecho a la salud y a un medio ambiente sano”.
La resolución del juez retoma un aspecto fundamental del derecho ambiental, que es el principio de precaución, el cual señala que “una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente”.
“Aun cuando en este momento no obran pruebas para acreditar que las actividades mineras que se desarrollan al amparo de la concesión reclamada, provocan un daño a su salud y al medio ambiente; lo cierto es que este juzgado se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para preservar esos derechos fundamentales”, añade la resolución.
El CEMDA enfatizó que las comunidades que habitan en esta región de Veracruz basan sus proyectos de vida y su economía en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios socioambientales que éstos proporcionan, por lo que la actividad minera supone graves afectaciones para su modo de vida, así como para el patrimonio natural de la región.
RIESGO POR PLANTA NUCLEAR
“La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente”, sostuvo la organización ambientalista.
El Centro Mexicano de Defensa Ambiental también refirió que el distrito minero presenta un riesgo no solamente para las comunidades, sino también, para la población adyacente debido a la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras.
“Las comunidades y organizaciones que estamos en este proceso esperamos un proceso largo, por lo cual, pedimos a las autoridades judiciales se apeguen al marco jurídico y en especial al Acuerdo de Escazú para cuidar y garantizarnos el acceso a la justicia ambiental. Los proyectos de vida de las comunidades, familias y personas que habitan estas zonas son prioritarios ante otro tipo de intereses, por lo que es imprescindible procurar que puedan prevalecer y florecer, y que se conserven los ecosistemas que los sostienen”, refirió el CEMDA.
Grupos ambientalistas han realizado una serie de protestas en la entidad para defender el territorio de los proyectos de minería a cielo abierto.
MÁS AMPAROS
Pobladores de distintas zonas del estado de Veracruz promoverán más amparos contra proyectos de minería a cielo abierto al considerar que representan un atentado contra la naturaleza y las comunidades.
El integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, celebró que pobladores de Actopan y Alto Lucero recién lograran la suspensión definitiva de todo el distrito minero, que comprende 24 concesiones en dichos municipios de la zona costera central de la entidad.
“El Tribunal Superior de Justicia tuvo a bien decretar la suspensión de estas concesiones. Es una victoria muy importante para ésta y otras generaciones, pues protege los bienes naturales y comunes para todos los seres vivos”, enfatizó.
El activista consideró que esta resolución por parte de la autoridad judicial sentó un precedente de que en Veracruz se defiende la naturaleza y el territorio.
“Por su puesto, otras resistencias, otras comunidades y municipios están en condiciones de ampararse, pues con estas 24 anulaciones se está sentando un precedente de que en Veracruz se defiende la naturaleza y la vida digna”, añadió.
HECTÁREAS EN PELIGRO
Hace unas semanas, Rodríguez Curiel daba a conocer que más de 500 mil hectáreas del territorio veracruzano continuaban en riesgo por proyectos vigentes de minería a cielo abierto.
Incluso, hablaba de una afectación en la superficie que iba de la costa de Actopan hasta el municipio de Tatatila.
Destacaba la importancia de que el gobierno estatal y federal modificaran la actual Ley Minera, para realmente proteger el entorno ecológico.
“Estamos convencidos de que se tiene que eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras sobre cualquier otra que exista en el territorio”, había declarado.
A su juicio, es necesario hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos que se han pronunciado en contra de la mencionada actividad y que han sido ignorados.
“Es necesario cambiar el esquema y régimen abusivo de las concesiones de 100 años, estamos convencidos también de que se les deben quitar a las mineras los privilegios de acceso a la tierra y al agua”, refirió.
También se requiere reformar la Ley Minera para garantizar el cuidado de las áreas naturales protegidas que hay en la República Mexicana.
La asociación civil Lavida ha luchado por más de 14 años para impedir que se instale la “minería tóxica” en el estado de Veracruz y este movimiento cumplirá 15 años durante 2023.
“En este año estaremos cumpliendo 15 años de resistencia para defender el territorio sagrado en la Sierra de Chiconquiaco para evitar que se instale la minería tóxica”, enfatizó el activista.
Cabe recordar que el año pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, emitió un mensaje en la Gaceta Oficial para expresar que en Veracruz no se permitirá la minería tóxica que destruye la biodiversidad.
